El llamado "PLAN IBARRETXE".

"Plan Ibarretxe" es el nombre por el que es conocido comúnmente la Propuesta de Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi presentada por el Gobierno Vasco y aprobada por el Parlamento Vasco. También es llamado Propuesta del Gobierno Vasco para la convivencia en Euskadi o Nuevo Estatuto Político de Euskadi.

Fue anunciado por el lehendakari (presidente de gobierno autonómico del País Vasco) Juan José Ibarretxe en el pleno de política general del parlamento vasco en septiembre de 2001, presentado el 25 de octubre de 2003. El pleno del Parlamento vasco lo aprobó el jueves 30 de diciembre de 2004 aprobó su envío al Congreso de los Diputados de España por 39 votos favor y 35 en contra. En enero de 2005, el presidente del Parlamento Vasco entregó la propuesta de Estatuto al presidente del Congreso español, para su debate y votación, siendo rechazado el 1 de febrero por 313 votos en contra (PSOE, PP, IU, CC y CHA), 29 a favor (PNV, ERC, EA, Na-Bai y BNG) y 2 abstenciones (IC).

Características.

El Plan propone un nuevo estatuto de autonomía, basándose en tres pilares:

- El pueblo vasco es un pueblo de Europa con identidad propia.

- El derecho del pueblo vasco a decidir su futuro, es decir, el derecho de autodeterminación.

- Las decisiones de los ciudadanos de cada región del País Vasco (Comunidad Autónoma Vasca, Navarra y País Vasco francés o Iparralde, véase Euskal Herria) deben respetarse por las demás y por el resto de pueblos de Europa.

Además la propuesta plantea una serie de reformas:

- Libertad de relaciones con Navarra y País Vasco francés, basada en el respeto a las decisiones que tomen cada una de las regiones.

- Un poder judicial autónomo.

- Que España garantice una representación directa en Europa tal y como ocurre en Holanda, Belgica y los länder alemanes.

- Garantías de que el nuevo estatuto no pueda ser restringido o anulado unilateralmente. Para ello, se adaptaría el Tribunal Constitucional, se crearía una comisión bilateral para solucionar conflictos, y los tratados y acuerdos internacionales que afecten a las competencias del País Vasco deberán ser aprobados por sus instituciones para que le afecte.

- Reconocimiento de ciudadanía y nacionalidad vasca a todos los habitantes de la Comunidad, permitiéndoles el disfrute o acreditación de la doble nacionalidad vasca y española. El ostentar una u otra nacionalidad no supondría merma o incremento de derechos y obligaciones, por cuanto que estas cuestiones estarían aparejadas a la ciudadanía y no a la nacionalidad.

- Selecciones deportivas nacionales vascas oficiales.

- Competencias exclusivas en administraciones públicas, educación, cultura, deporte, política linguística, asuntos sociales, sanidad, economía, hacienda, vivienda, medio ambiente, infraestructuras, transportes, seguridad pública, trabajo y seguridad social.

- Quedarían fuera la defensa; legislación civil, mercantil y penal (sin perjuicio del derecho foral, sustantivo y del los contratos de administraciones públicas); Marina mercante; nacionalidad española (inmigración extranjería, derecho a asilo,...); producción, comercio, tenencia y uso de armas y explosivos; control del espacio aéreo y política exterior.

El plan se tramitó como una reforma del estatuto de autonomía vasco, en varias etapas:

1. Presentación extraparlamentaria de la propuesta del lehendakari.

2. Debate abierto al dialogo y a todas las aportaciones.

3. Presentación y debate en el Parlamento Vasco.

4. Aprobación por el parlamento vasco.

5. Remisión a las Cortes Generales y negociación con el estado.

6. Ratificación en referendo por la sociedad vasca.

POLÉMICA.

El apoyo principal a la Propuesta de nuevo Estatuto provino de los grupos que componen el gobierno vasco (Partido Nacionalista Vasco, Eusko Alkartasuna e Izquierda Unida-Ezker Batua). A pesar de ello, los tres grupos del tripartito gobernante plantearon enmiendas propias. IU-EB planteó enmiendas parciales a todos los artículos.

Los partidos mayoritarios españoles, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, así como el partido regional Unidad Alavesa lo acusan de:

- Ser un plan encubiertamente secesionista, que busca la independencia del País Vasco a medio plazo.

- Ser inconstitucional, y fuera del marco de la Unión Europea. A pesar de ello en la consulta que se le hizo al Parlamento Europeo éste declaró que era un asunto interno de España.

- Compartir objetivos con el proyecto político del nacionalismo radical y, por tanto, "dar alas" a ETA.

- Unilateralidad, al haber sido redactado sin un debate previo con los no nacionalistas.

Un plan que llevaría a la quiebra económica a Euskadi.

Algunos de estos razonamientos son cuestionados por el gobierno vasco: PSOE, PP y UA se autoexcluyeron de la comisión del parlamento que redactó el proyecto de nuevo Estatuto (a diferencia del proceso que se sigue en Cataluña); el mismo argumento de quiebra económica se usó frente al Estatuto de Gernika (que ha posibilitado el despegue económico de Euskadi); y la banda terrorista ETA ha condenado la propuesta.

El gobierno del PP planteó un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, que no fue admitido a trámite. Algunos de sus componentes manifestaron dudas sobre la posible constitucionalidad de su contenido. Además, el PP modificó el Código Penal para imponer penas de cárcel a quien convoque referéndums sin la aprobación del gobierno, como sería el caso del gobierno vasco si lo hiciera sin el respaldo del gobierno español. Esta reforma del código penal ha sido eliminada por el gobierno del PSOE dado que fue promesa en las elecciones que ganó el actual presidente. Recientemente el célebre padre de Constitución Herrero de Miñón no dudaba sobre la legitimidad de la propuesta, aunque sugería una serie de cambios (apenas 10 artículos) para aclarar las dudas sobre la supuesta inconstitucionalidad del texto.

Batasuna lo rechaza, acusándolo de consolidar la unión con el estado español, por permitir la coexistencia de la nacionalidad vasca y la española en el País Vasco y por limitarse a un plan que abarca a tan solo tres de las originarias siete provincias de Euskal Herria. Sin embargo, durante la votación de la propuesta en el parlamento vasco, Arnaldo Otegi, portavoz del grupo Sozialista Abertzaleak leyó una carta del parlamentario y miembro de ETA fugado Jose Luis Urrutikoetxea (Josu Ternera), justificando su apoyo al plan, tras lo cual tres miembros de este grupo votaron a favor de la propuesta y otros tres en contra. Sin estos votos la propuesta no habría salido adelante en el parlamento vasco, por lo que finalmente el apoyo de Batasuna, condicionado por ETA, ha sido determinante para aprobación del plan, y la futura discusión en el parlamento español.

La encuesta de noviembre de 2004 realizada por el Departamento de Ciencia Política de la Universidad del País Vasco (Euskobarómetro) indica que la mayor parte de los vascos estarían dispuestos a votar en un eventual referendum, aunque este no cumpliera con los requisitos constitucionales. Entre los que irían a votar la opción mayoritaría es el "Sí", con un 30% de los votos, frente al 21% de apoyos que recibe el "No". El 33% de las personas que irían a votar no habría decidido aún su voto. Sin embargo, el punto más destacable de la encuesta es que, al igual que en la encuesta realizada en mayo de 2004, la mayoría de los vascos (60%) sigue considerándose poco o nada informado sobre el contenido y las consecuencias de la propuesta planteada.

El lehendakari Ibarretxe se ha declarado dispuesto a someter la propuesta a una consulta en su comunidad "en un escenario ausente de violencia", sea cual sea el resultado de la votación en el Congreso (en el que las fuerzas contrarias a la propuesta cuentan con una amplia mayoría), a pesar de que se le ha advertido de que la convocatoria de un referendum sin la autorización de las Cortes españolas sería ilegal (el actual parlamento no ha derogado la legislación creada por el PP en la pasada legislatura que castigaba la convocatoria ilegal de referendos con penas de cárcel).

@t.